El coste de la prima al megavatio hora eólico producido en
Canarias y establecido en esa orden estará muy por debajo de esos números, pues
oscilará entre los 54,77 €/MWh de La Gomera y los 103,15 de Tenerife. Las
primas recogidas en esa Orden -denominadas retribución a la inversión- son las
de 2014, 2015 y 2016. La incertidumbre, pues, queda en suspenso hasta 2017,
cuando el Ejecutivo revisará, de cara al siguiente trienio, esos incentivos
(véase sobre el particular la entrevista al director de políticas energéticas
de la Asociación Empresarial Eólica, AEE, Heikki Willstedt). La instalación de
los 450 MW eólicos en Canarias previstos en la mencionada orden IET supondría
en todo caso -y según cálculos de la AEE- una inversión de unos 630 millones de
euros (M€), la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de
construcción de los parques (2015-16) y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo
fijos en las islas.
Además, la AEE asegura que "el ahorro de costes para
los consumidores eléctricos, si se instalan los 450 MW eólicos previstos, será
de 112 millones de euros anuales con los precios actuales de los combustibles
fósiles". O sea, que, a partir del momento en el que comiencen a operar
todos los parques previstos -algo que debería suceder antes del 31 de diciembre
de 2016- los consumidores canarios se ahorrarán prácticamente un millón de euros
cada tres días. La Asociación estima que, "durante toda la vida útil de
las instalaciones (20 años), el ahorro total sería de 2.240 millones". La
pregunta es, pues, ¿por qué la eólica no ha despegado en Canarias si todo el
mundo sabía que era tan barata? La corrupción -que salpicara al consejero de
Industria canario, Luis Soria, hermano del ahora ministro- y el BOE son
seguramente los responsables.
Según el presidente de la Asociación Eólica Canaria
(Aeolican), Rafael Martell, que participó ayer en la jornada «La eólica en
Canarias», coorganizada por AEE y Aeolican, las circunstancias que han frenado
la eólica en Canarias "están todas en el BOE", si bien lo cierto es
que algunas "circunstancias" están también pendientes de juicio diez
años después de denunciado el caso, que fuera destapado en el ya remoto 2004.
Lo que sucedió, grosso modo, fue lo siguiente: la Policía denunció entonces una
trama dentro de la Dirección General de Industria del Gobierno canario para
favorecer a determinados empresarios en el reparto de las licencias eólicas del
concurso de 2004 a cambio de sobornos. Y, una vez hecho público el asunto, el
Gobierno de Canarias anuló el concurso ante la sospecha de fraude y hoy está
personado como acusación particular
Además, el presidente de la AEE se refirió a la
contradicción que supone la normativa para los sistemas extrapeninsulares: la
Orden Ministerial que incentiva las nuevas instalaciones eólicas y
fotovoltaicas tiene como fin sustituir la generación convencional por generación
renovable para reducir el extracoste de generación, que se ha incrementado un
38% desde el año 2009 (ese 38% lo reconoce el propio BOE, página 62572). “Pero
los parques ya instalados generan los mismos beneficios de reducción de costes
y se les penaliza, al aplicarles un cambio de régimen retroactivo igual que al
resto de instalaciones de España”, ha dicho Tafall. En este sentido, AEE
propone que los parques existentes en Canarias perciban "un incentivo a la
reducción de costes de generación durante toda su vida útil, de modo que no
haya discriminación con las demás tecnologías de generación".
Fuente: Energías Renovables.com
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